El lavado de dinero, lavado de activos o blanqueo de capitales es uno de los delitos que más afecta a los países latinoamericanos, en los que históricamente tienen lugar un gran número de actividades ilícitas asociadas al lavado como lo son el narcotráfico, la corrupción, el fraude, la trata de personas, la evasión fiscal, el secuestro, la extorsión, entre otros.
Quienes están involucrados con estas actividades llevan a cabo diferentes acciones para darle apariencia de legalidad a las ganancias obtenidas ilegalmente, es decir, lavan el dinero a través de tres etapas principales: colocación, estratificación e integración.
En este artículo reseñamos 5 casos de lavado de dinero que se han presentado en la región durante los últimos años y que han generado no solo un impacto mediático sino también consecuencias como daños a la reputación de los involucrados, investigaciones y sanciones, pérdida de confianza por parte de los inversionistas y la sociedad, entre otras.
Los casos que detallaremos a continuación son: Lava Jato (Brasil), Odebrecht (Brasil), Grupo Wisa (Panamá), Reficar (Colombia) y BNP Paribas (en Argentina).
En portugués, Lava Jato significa “lavacoches”. Se trata de un caso de lavado de dinero que comenzó en una gasolinera de Brasilia y que puso al descubierto, en marzo de 2014, un gran caso de corrupción en el que se vieron involucrados la empresa estatal brasileña Petrobras, grandes empresas contratistas, así como diferentes políticos y empresarios de Brasil y de otros países de la región, entre estos el actual presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, que fue condenado a 12 años de prisión por haberse dejado sobornar (estuvo solo 580 días).
En general, Lava Jato consistió en sobornos sistemáticos de un gran número de empresas privadas a funcionarios y políticos brasileños y de la región para asegurar contratos con Petrobras.
Los detenidos por este caso fueron acusados de estar involucrados en el lavado de más de 3 mil 167 millones de dólares, dinero que en su mayoría provenía de desvíos de dinero público.
Es uno de los casos de corrupción más sonados en la actualidad. En diciembre de 2016, según documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, funcionarios de Odebrecht, constructora brasileña, reconocieron haber pagado más de 788 millones de dólares entre 2001 y 2006 en sobornos a gobiernos de varios países con el fin de obtener contratos públicos para la construcción de obras como líneas de metro, proyectos de irrigación, represas eléctricas, tranvías, escenarios deportivos, entre otras.
Por estas declaraciones, Odebrecht fue condenada a pagar en ese entonces 3.500 millones de dólares, una multa récord.
Perú (29 millones de dólares), México (10.5 millones de dólares), Argentina (35 millones de dólares), Ecuador (33.5 millones de dólares), Colombia (11 millones de dólares), Panamá (59 millones de dólares), Guatemala (18 millones de dólares), Venezuela (98 millones de dólares) y Brasil (349 millones de dólares) son algunos de los países de la región que recibieron sobornos de parte de la constructora. Angola y Mozambique en África también estuvieron involucrados.
Este grupo económico panameño, liderado por Abdul Waked y con presencia en 11 países, fue acusado en mayo de 2016 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de lavar dinero producto del narcotráfico por medio de métodos como facturación comercial falsa y contrabando de dinero.
Tanto Waked como otros miembros y las 68 empresas del grupo fueron incluidos en la Lista Clinton, lo que les impidió tener algún tipo de relación con los ciudadanos estadounidenses y sus compañías. En el año 2021 varias de las empresas, como Soho Panamá S.A. y Grupo La Riviera Panamá S.A., fueron excluidas de esta lista.
Este fue uno de los casos de corrupción más grandes de Colombia. En 2016 se conoció que el proyecto de modernización de la Refinería de Cartagena (Reficar) generó daños fiscales por una cifra cercana a los 2,9 billones de pesos, es decir, un detrimento patrimonial del 5% del presupuesto nacional del país en 2016.
En el fallo presentado por la Fiscalía de la Nación, quedó en evidencia que durante nueve años de la obra (desde el 2007) hubo diferentes irregularidades en el presupuesto, por ejemplo, gastos que no tenían relación con la modernización, baja productividad de la mano de obra directa, mayores gastos en contratación de personal, así como demoras en las actividades propias del proyecto.
Por este caso de corrupción fueron responsabilizados dos presidentes y tres vicepresidentes de Reficar, siete miembros de su junta directiva y cuatro empresas multinacionales contratistas de la obra.
Según la Unidad de Información Financiera de Argentina, alrededor de 1.000 millones de dólares en fondos no declarados fueron canalizados entre 2001 y 2008 a través de una oficina de BNP Paribas en Buenos Aires hacia paraísos fiscales.
Por este caso fueron acusados 14 exdirectivos de BNP Paribas, que sacaban el dinero del país a través de cuentas en el exterior y que eran depositados en bancos de Suiza, Curazao o Luxemburgo y luego regresaban a Argentina con apariencia de legalidad. Por lo menos, fueron detectadas 22 operaciones de este tipo de lavado de dinero y entre los clientes se encontraban empresarios, sindicalistas e incluso, un juez.
Los involucrados en este caso fueron imputados por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos, además, su bienes por más de 750 millones de dólares fueron embargados.
Estos son solo algunos de los casos que han ocurrido en la región en los últimos años y que tienen que ver con actividades ilícitas como el narcotráfico, la corrupción y el fraude. Para la prevención de estos delitos, es importante gestionar de manera adecuada los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
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