Las millonarias cifras provenientes del lavado de activos en la región de América Latina se disfrazan de viviendas, hoteles, carros, almacenes, casinos, bares y otros negocios para blanquear los dólares en entidades bancarias y pasar desapercibidos para las autoridades.
Los criminales, sobre todo quienes obtienen ganancias por el narcotráfico, el tráfico de armas y de personas, buscan dar apariencia de legalidad a su dinero sucio, mezclan lo legal con lo ilegal y así evitar ser detectados.
En los países de la región, los gobiernos empezaron a regular el sector financiero, mercado bursátil, casinos y las exportaciones, pero aún hay un vacío en el sector real de la economía, por lo que se busca que las empresas más grandes del país tengan la misma regulación.
Las autoridades identificaron que en el lavado de activos hay tres etapas que usan los delincuentes: colocación, diversificación e integración, para dar apariencia de actividades legales a esos dineros ilícitos.
De acuerdo con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda de Colombia, la primera fase se refiere a la introducción de dinero ilícito en la economía legal, poniéndolos a circular a través de entidades financieras, casinos, negocios, casas de cambio y otras fuentes tanto nacionales como internacionales.
Para evadir a la justicia, los lavadores depositan cantidades medianas, no exageradas, para no levantar sospechas, en diferentes bancos o en el mismo pero días diferentes.
En la segunda fase, los criminales tienen la intención de dificultar a las autoridades el rastreo documentado, la fuente y la propiedad de los fondos, es decir, busca desdibujar la transacción original. Por ello, hacen operaciones en el exterior, en países con poco control en el lavado de activos.
También inventan mecanismos para legalizar el ingreso de divisas al país, para lograrlo, se valen de la sobrefacturación de exportaciones o ventas ficticias en el extranjero. Incluso, usan familiares en el exterior para que parezca que les envían plata y quede como si fueran remesas.
Y como si fuera poco, sobrefacturan importaciones para ingresar a sus países mercancía, carros, maquinaria y tecnología, ocultando su procedencia y maquillando el contrabando.
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En esta fase, los delincuentes buscan que las autoridades no puedan diferenciar entre el dinero legal e ilegal. Aquí, los lavadores logran que su dinero sucio circule completamente en la economía formal convertidos en propiedad raíz, carros y comercio como restaurantes, bares, casinos, prostíbulos que usan como fachada para ocultar operaciones de lavado.
Es usual que los criminales camuflen dinero ilegal a través de un negocio formal, por ejemplo, usan como fachada un restaurante e inflan los recibos de efectivo diarios y después llevan esa plata al banco.
Entre las modalidades más utilizadas está el ‘pitufeo’, que se trata de depositar dinero al banco, en cantidades moderadas o permitidas por la ley. Hacen múltiples depósitos en distintas entidades bancarias, o en la misma, en diferentes fechas, para evitar su detección.
También usan 'mulas de dinero’, personas que mueven sumas considerables de un país a otro en sus maletas, pegadas de su cuerpo o dentro de su organismo, para depositarlas en cuentas en el extranjero, generalmente, en países con menos regulación.
Contar con una herramienta tecnológica como Pirani ayuda a las empresas a identificar, evaluar, controlar y monitorear más fácil, los riesgos asociados al lavado de dinero y la financiación del terrorismo a los que pueden estar expuestas.
América Latina es una de las zonas más afectadas por el lavado de activos y la financiación del terrorismo, delitos que amenazan a las entidades financieras, razón por la cual los países de la región desarrollaron leyes para evitar una crisis.
Sin embargo, el Instituto de Gobernanza de Basilea reporta que aunque la mayoría de los países de América Latina cumplen con las normas para disminuir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, se quedan cortos en la aplicación efectiva de esas leyes.
Según el Índice de Basilea Anti-Lavado de Dinero (AML), en la lista negra de los 146 países del mundo con más riesgo de estos delitos, está Paraguay (puesto 16), Bolivia (puesto 23) y Panamá (puesto 30).
República Dominicana se encuentra en el puesto 42, y le siguen Nicaragua, Jamaica, Venezuela y Ecuador. Mientras que Chile y Colombia se posicionan en último lugar.
Una de las soluciones que plantean los gobiernos es crear y endurecer aún más las leyes para que los delincuentes dedicados a estas prácticas, no desestabilicen la economía de sus países y es importante que las empresas tengan buenas prácticas para prevenir el lavado de activos.