Luego de la modificación que hizo la Superintendencia de Sociedades de Colombia en diciembre de 2020 al Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017, más empresas en el país están obligadas a implementar un Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, conocido como SAGRILAFT.
Conoce a continuación qué tipo de empresas deben implementar este sistema y qué sanciones pueden enfrentar si no lo hacen de acuerdo a lo establecido por la Supersociedades.
En términos generales, el SAGRILAFT es el sistema que deben implementar las empresas que pertenecen al sector real para gestionar de manera integral y adecuada los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo a los que pueden verse expuestas por el desarrollo de su actividad comercial y que como explica la Supersociedades, “generan consecuencias negativas para la economía del país y para las empresas”.
Entre otros, la materialización de estos riesgos en las organizaciones pueden generar riesgos operacionales, legales, reputacionales y de contagio, lo que sin duda tendría un impacto y afectación en el buen nombre, competitividad, continuidad y sostenibilidad de los negocios.
Teniendo esto en cuenta, es importante que las empresas que están obligadas por la Superintendencia de Sociedades a implementar este sistema integral de gestión de riesgos LAFT no lo hagan solo para evitar sanciones, sino que vean en este el medio para protegerse de riesgos que pueden afectar su reputación, su credibilidad frente a los stakeholders y su continuidad en el mediano y largo plazo.
Después de conocer cuál es la importancia que tiene para las empresas del sector real el SAGRILAFT, veamos quiénes están obligadas a hacerlo a partir de lo dispuesto en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica:
Como mencionamos, cada uno de estos sectores debe cumplir algunos requisitos para estar obligados a implementar SAGRILAFT, por ejemplo, uno de los requisitos para el sector de agentes inmobiliarios, el de comercialización de metales y piedras preciosas, el de servicios jurídicos, el de servicios contables y el de construcción de edificios y obras de ingeniería es que al 31 de diciembre del año anterior hayan obtenido ingresos totales iguales o superiores a 30.000 SMLMV.
Por su parte, para el sector de activos virtuales, uno de los requisitos es que al 31 de diciembre del año anterior la empresa haya obtenido ingresos totales o superiores a 3.000 SMLMV o tenido activos iguales o superiores a 5.000 SMLMV.
Dado que para cada sector hay requisitos específicos que determinan si una empresa está obligada o no a implementar SAGRILAFT, es recomendable no solo conocer la Circular oficial de la Superintendencia de Sociedades, sino también buscar asesoría y acompañamiento de profesionales expertos que te ayuden a aclarar dudas sobre si tu empresa debe implementar este sistema o no.
Si tu empresa está dentro de las categorías mencionadas anteriormente, te recomendamos tomar medidas para implementar SAGRILAFT lo antes posible. Aquí te compartimos los pasos básicos que debes seguir:
Los directivos de una empresa tienen un papel importante en la implementación de SAGRILAFT. No se trata sólo de cumplir con una obligación legal; es una cuestión de liderazgo, ética y responsabilidad corporativa. En un entorno donde los riesgos de fraude interno y lavado de activos son cada vez más complejos, los directivos deben asegurarse de que sus organizaciones no sólo implementen el sistema, sino que lo integren profundamente en la cultura empresarial.
Los altos mandos deben ser los primeros en entender y valorar la importancia de SAGRILAFT, demostrando su compromiso a través de acciones concretas. Esto incluye la asignación de recursos adecuados para la implementación del sistema, la designación de personal capacitado para su gestión y la supervisión continúa de su efectividad. No basta con delegar; los directivos deben estar activamente involucrados en la evaluación y mejor continua del sistema, asegurándose de que se adapte a los cambios en el entorno regulatorio y empresarial.
Además, la responsabilidad de los directivos no se limita al cumplimiento interno. También deben velar para que los socios comerciales, proveedores y otras partes interesadas cumplan con los estándares de prevención de riesgos que exige SAGRILAFT. Esto puede implicar la inclusión de cláusulas específicas en los contratos y la realización de auditorías periódicas para asegurar el cumplimiento.
En caso de incumplimiento, los directivos pueden enfrentar consecuencias personales. Las sanciones legales no sólo pueden afectar a la empresa, también a los individuos que ocupan puestos de responsabilidad. Esto incluye multas personales, inhabilitaciones para ejercer cargos directivos y en casos graves, responsabilidades penales. La falta de diligencia en la implementación y supervisión de SAGRILAFT puede tener un costo alto tanto para la empresa como para sus líderes.
Y si tu empresa no está obligada, la Supersociedades recomienda como buena práctica empresarial y de buen gobierno corporativo, revisar si está expuesta a un riesgo LAFT o riesgos asociados y hace una invitación a adoptar de forma voluntaria el SAGRILAFT, esto, sin duda, traerá beneficios para tus diferentes grupos de interés.
A través de nuestro sistema de gestión de riesgos LAFT podemos acompañar a las empresas obligadas o no a implementar de una manera más simple SAGRILAFT.
Con Pirani pueden identificar, evaluar, controlar y monitorear fácilmente este tipo de riesgos, previniendo así su materialización y las consecuencias que esto traería para la organización. Crea tu cuenta gratis y conoce más.
Como el SAGRILAFT es una obligación para muchas empresas del sector real en Colombia, no llevar a cabo este sistema, que en general consiste de cuatro etapas (identificación, evaluación, control y monitoreo del riesgo LAFT), puede significar investigaciones administrativas e imposición de sanciones administrativas por parte de la Superintendencia de Sociedades a la empresa obligada, al oficial de cumplimiento, al revisor fiscal o a los administradores.