El SARLAFT (Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva) es el nuevo esquema normativo obligatorio para las empresas del sector transporte en Colombia, en sustitución del antiguo SIPLAFT. Con la reciente Resolución 232 del 6 de marzo de 2025, la Superintendencia de Transporte ha unificado los sistemas de prevención de riesgos LAFT, alineándose con los estándares internacionales.
Este cambio es crucial para las empresas de transporte terrestre automotor de carga, ya que modifica sus responsabilidades y protocolos de cumplimiento. En este artículo te explicamos las implicaciones de esta actualización normativa y cómo afecta a los sujetos obligados.
El SARLAFT, según la nueva regulación, establece lineamientos claros para que las empresas del sector implementen controles eficaces que prevengan el lavado de activos (LA), la financiación del terrorismo (FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva (FP). Su aplicación es obligatoria para todas las empresas habilitadas para prestar servicios de transporte de carga, pasajeros y otros actores clave del sector.
Su objetivo principal es minimizar el riesgo de que las empresas sean utilizadas en actividades ilícitas. Al implementar este sistema, se garantiza el cumplimiento normativo, se reducen los riesgos reputacionales y se fortalecen los mecanismos de control internos.
La Resolución 232 de 2025 establece que el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT) debe ser implementado por diversas empresas del sector transporte en Colombia. Esto responde a la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, detección y reporte de operaciones sospechosas, alineándose con estándares internacionales como los del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
A continuación, se detallan los tipos de empresas que están obligadas a cumplir con el SARLAFT:
Incluye todas las compañías habilitadas para prestar servicios de transporte de mercancías y personas, ya sea a nivel urbano, intermunicipal o nacional. Estas empresas deben aplicar estrictos controles sobre sus clientes y proveedores para evitar que sus operaciones sean utilizadas en actividades ilícitas.
Las empresas que gestionan el transporte de carga utilizando diferentes modos de movilización (marítimo, aéreo, terrestre o ferroviario) también están sujetas a esta regulación. Su obligación radica en establecer medidas de debida diligencia, monitoreo de transacciones y reporte de actividades sospechosas.
Dado su papel en la entrada y salida de mercancías del país, estas empresas deben reforzar sus controles para evitar que sus infraestructuras sean usadas para el contrabando, lavado de activos o financiamiento de actividades ilícitas.
Estos centros, encargados de expedir certificaciones técnicas y licencias de conducción, deben adoptar medidas para prevenir el uso fraudulento de sus servicios en actividades relacionadas con el lavado de dinero o la financiación del terrorismo.
Las compañías dedicadas a la desintegración y reciclaje de automóviles también deben cumplir con el SARLAFT, ya que la comercialización de repuestos y metales puede ser utilizada como mecanismo de encubrimiento de activos ilícitos.
Las empresas que administran autopistas, terminales de transporte, aeropuertos y otras infraestructuras clave están obligadas a implementar políticas de prevención, control y reporte de riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo.
Cada una de estas organizaciones deberá:
La implementación del SARLAFT en el sector transporte se desarrolla en cuatro fases:
Con la Resolución 232 de 2025, el antiguo SIPLAFT ha sido absorbido dentro del SARLAFT, unificando los sistemas de administración de riesgos en el sector transporte. A continuación, te explicamos las diferencias entre SARLAFT y SAGRILAFT, y cómo aplican en distintos sectores:
El SARLAFT ahora cubre a empresas de transporte terrestre automotor de carga y pasajeros, exigiendo un mayor nivel de control, monitoreo y reportes ante la UIAF y la Superintendencia de Transporte.
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La reciente Resolución 232 del 6 de marzo de 2025 marca un cambio fundamental en la gestión del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT) para el sector transporte en Colombia. Con esta actualización, el SIPLAFT (Sistema Integral de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) ha sido reemplazado por el SARLAFT (Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva).
El paso de SIPLAFT a SARLAFT implica ajustes inmediatos en las políticas internas, formación del personal y mejora en los sistemas de monitoreo. Las empresas que no cumplan enfrentarán sanciones que pueden incluir multas millonarias y responsabilidad penal para los directivos.
El cumplimiento del SARLAFT no es solo una obligación legal, sino una estrategia clave para la protección de las empresas y sus directivos. La alta dirección tiene la responsabilidad de garantizar la implementación efectiva del sistema, asegurando que la organización cuente con políticas claras, controles efectivos y reportes oportunos ante las autoridades regulatorias.
Un manual bien estructurado no solo facilita el cumplimiento normativo, sino que también protege a los directivos de responsabilidades legales personales, ya que son ellos quienes aprueban y supervisan las decisiones estratégicas en materia de prevención de riesgos LAFT/FPADM.
No cumplir con las disposiciones del SARLAFT puede tener consecuencias legales, financieras y reputacionales para la empresa y sus representantes. Las sanciones incluyen:
Lavado de activos (Artículo 323)
Financiación del terrorismo (Artículo 345)
Omisión en el reporte de operaciones sospechosas
Pirani ofrece soluciones tecnológicas que complementan la implementación del SARLAFT:
La vinculación del proceso con herramientas tecnológicas como Pirani no sólo asegura el cumplimiento normativo, sino que también mejora la eficiencia operativa y la reputación de la empresa ante clientes y entes reguladores.
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También puedes revisar nuestro blog para saber cómo elaborar una matriz de riesgos LAFT
Debe aprobar las políticas y garantizar la asignación de recursos necesarios para su implementación.
Encargado de supervisar la implementación y mantenimiento del sistema, reportando a la alta dirección y a las entidades regulatorias.
Cada empleado debe estar capacitado para identificar y reportar riesgos LAFT
Las empresas deben establecer políticas de prevención, definir procedimientos de debida diligencia con clientes y proveedores, y aplicar controles rigurosos sobre transacciones sospechosas.
El sistema previene el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, alineándose con los estándares internacionales de prevención de delitos financieros.
El SARLAFT es obligatorio para empresas de transporte terrestre automotor de carga y pasajeros, operadores de infraestructura y demás entidades reguladas por la Superintendencia de Transporte.
La Superintendencia de Transporte es la encargada de regular e inspeccionar su cumplimiento en las empresas obligadas del sector.
El lavado de activos consiste en convertir fondos ilícitos en recursos con apariencia legal. En Colombia, está regulado por el artículo 323 del Código Penal, y su prevención es clave para evitar sanciones legales y daños reputacionales.
Es el acto de proveer recursos financieros a grupos terroristas, ya sea con fondos de origen lícito o ilícito. Está regulado por el artículo 345 del Código Penal y es objeto de estrictos controles por parte de las entidades reguladoras.
Se refiere a la posibilidad de que una empresa sea utilizada para actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo. Este riesgo es especialmente relevante en sectores con alto volumen de transacciones financieras y comerciales, como transporte y logística.
Te invitamos a conocer las principales amenazas de riesgo de lavado de activos en Latinoamérica, aquí puedes leer más
Financiación del terrorismo
La financiación del terrorismo consiste en proporcionar apoyo económico a grupos terroristas. Este acto, regulado por el artículo 345 del Código Penal Colombiano, es particularmente complejo debido a que los recursos pueden provenir tanto de fuentes lícitas como ilícitas.
Riesgo LAFT
El riesgo LAFT se refiere a la posibilidad de que una empresa sea utilizada actividades relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Este riesgo es especialmente relevante para empresas en sectores como transporte, comercio y finanzas, donde las operaciones pueden ser permeadas por actividades ilícitas.
SARLAFTT es más que un requisito normativo; es una herramienta esencial para proteger a las organizaciones de riesgos financieros y legales. Con soluciones como las de Pirani, las empresas pueden fortalecer sus controles, reducir errores humanos y garantizar el cumplimiento normativo, todo mientras mejoran su eficiencia operativa.
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Ese artículo tiene el respaldo del consultor de riesgos Reinaldo Sandoval
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