Ley Especial Contra el Delito de Lavado de Activos

En Honduras, la normativa principal para la prevención del lavado de activos es la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, conocida como Decreto Legislativo No. 144-2014. Esta ley establece un marco legal integral para combatir tanto el lavado de activos como el financiamiento del terrorismo en el país.

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Con Pirani, podrás visualizar la distribución de estos riesgos a través de mapas de calor, lo que te permitirá priorizarlos y analizar los perfiles de riesgo inherente y residual, tanto por proceso como a nivel organizacional.

Segmentación

Analiza los factores de riesgo asociados a clientes, contrapartes, productos, canales y jurisdicciones para optimizar la definición de alertas de monitoreo transaccional, fortaleciendo así tu programa de prevención del lavado de activos.

Monitoreo y alertas transaccionales

Realiza un seguimiento continuo de las transacciones y actividades financieras de tus clientes con Pirani para identificar patrones inusuales o comportamientos sospechosos. Configura alertas automáticas que se activen ante posibles operaciones de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

Scoring

Establece criterios de evaluación de riesgo (scoring) con Pirani para tus clientes y contrapartes, permitiéndole desarrollar un modelo predictivo que identifique posibles casos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en tu entidad.

¿Qué es?

En Honduras, existe una legislación diseñada específicamente para combatir y prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Esta ley establece un marco legal y operativo para identificar, perseguir y sancionar a quienes participan en actividades relacionadas con el lavado de activos. El lavado de activos se refiere al proceso mediante el cual los delincuentes intentan legitimar fondos obtenidos a través de actividades ilícitas, como el narcotráfico, la corrupción y el fraude.

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Transacciones Sospechosas

Las instituciones financieras y otros sujetos obligados, como empresas de bienes raíces, abogados y contadores, deben reportar cualquier transacción que consideren sospechosa de estar relacionada con el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. Esto incluye operaciones que, aunque no violen necesariamente las leyes, presentan características inusuales o inconsistentes con el perfil del cliente.

Umbrales Monetarios

La ley establece ciertos umbrales monetarios a partir de los cuales las transacciones deben ser reportadas. Estos umbrales pueden variar dependiendo del tipo de transacción y del sector. Por ejemplo, transacciones en efectivo que superen un monto específico deben ser reportadas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Debida Diligencia

Las entidades están obligadas a llevar a cabo procedimientos de debida diligencia para conocer a sus clientes (Conozca a su Cliente, KYC). Esto implica verificar la identidad del cliente, entender la naturaleza de sus actividades y monitorear las transacciones para detectar cualquier actividad sospechosa.

Documentación y Registro

Las instituciones deben mantener registros detallados de las transacciones y de los reportes enviados a la UAF. Estos registros deben estar disponibles para auditorías y revisiones por parte de las autoridades competentes y deben conservarse durante un período específico, generalmente de 5 a 10 años.

Medidas Internas

Las entidades están obligadas a establecer políticas internas, procedimientos y controles para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Esto incluye la capacitación continua del personal para reconocer y manejar posibles casos de lavado de dinero.

Cumplimiento y Supervisión

Las autoridades de supervisión y regulación realizan auditorías y revisiones periódicas para asegurar que las entidades cumplan con los requisitos de reporte y otras obligaciones bajo la ley. Las entidades que no cumplan con estas regulaciones pueden enfrentar sanciones y medidas correctivas.

Penas Privativas de Libertad

La ley contempla penas de prisión para las personas condenadas por lavado de activos. Estas penas pueden variar dependiendo de la gravedad del delito y de la cantidad de dinero involucrado. Las condenas pueden ser de varios años de prisión, y en casos de reincidencia o agravantes, las penas pueden ser más severas.

Multas Económicas

Además de las penas privativas de libertad, la ley establece multas económicas significativas. Estas multas están diseñadas para ser un disuasivo económico contra el lavado de activos. La cuantía de las multas puede depender de la magnitud del delito y de la cantidad de activos lavados.

Confiscación de Bienes

Un aspecto clave de la ley es la confiscación de bienes relacionados con el delito de lavado de activos. Esto incluye no solo el dinero directamente vinculado al lavado, sino también propiedades, vehículos y otros activos adquiridos a través de actividades ilícitas. La confiscación busca desincentivar la actividad criminal al privar a los delincuentes de las ganancias obtenidas de manera ilegal.

Medidas Administrativas

Las instituciones financieras y otros sujetos obligados también enfrentan sanciones administrativas si no cumplen con las normativas establecidas en la ley. Estas medidas pueden incluir la suspensión de operaciones, la imposición de multas y la revocación de licencias. Las entidades que no implementen adecuadamente los controles y procedimientos para prevenir el lavado de activos pueden ser objeto de estas sanciones.

Prohibiciones y Restricciones

La ley también puede imponer prohibiciones y restricciones a las personas condenadas, como la inhabilitación para ocupar ciertos cargos o ejercer ciertas actividades profesionales. Esto busca limitar la capacidad de los condenados para volver a participar en actividades financieras o comerciales que podrían facilitar el lavado de activos.