La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como Ley Fintech, es un marco regulatorio que ha transformado el sector financiero en México. Desde su entrada en vigor en 2018, esta ley ha establecido reglas claras para las empresas que ofrecen servicios financieros a través de tecnologías innovadoras, al mismo tiempo que ha fortalecido las medidas para prevenir el lavado de dinero.
A continuación te contamos más detalles de esta ley que es clave para el sector financiero mexicano, pues no es un secreto que durante los últimos años el número de instituciones de tecnología financiera han crecido exponencialmente.
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La Ley Fintech es un marco legal que regula a las instituciones de tecnología financiera (ITF) en México. Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de marzo de 2018 y entró en vigor el 25 de septiembre del mismo año. Su objetivo principal es:
Regular las actividades financieras innovadoras, como los pagos electrónicos, el crowdfunding y el manejo de activos virtuales (criptomonedas).
Fomentar la inclusión financiera al permitir que más personas, especialmente aquellas no bancarizadas, accedan a servicios financieros a través de plataformas digitales.
Proteger a los usuarios mediante la implementación de estándares de seguridad y transparencia.
Prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas a través de medidas de control y supervisión.
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV): Encargada de supervisar y autorizar a las empresas.
Banco de México (Banxico): Regula los sistemas de pagos electrónicos y establece reglas para el manejo de activos virtuales.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP): Define las políticas fiscales y de prevención de lavado de dinero.
La globalización y la transformación tecnológica ha impulsado el crecimiento de las instituciones de tecnología financiera, más conocidas como fintech, es decir todas aquellas plataformas que facilitan a los usuarios diferentes operaciones y servicios financieros, por ejemplo, acceso a financiamiento e inversión, administración y transmisión de fondos de pago electrónico, así como el uso de activos o monedas digitales en estas operaciones.
Teniendo en cuenta esta expansión, en los últimos años cada vez más se ha visto la necesidad de regularlas. Y México tomó la delantera en este aspecto al promulgar en 2018 la Ley Fintech, que es pionera en Latinoamérica y ofrece un marco legal para el adecuado funcionamiento de este tipo de empresas.
En general, esta ley establece los requisitos y obligaciones que deben cumplir las instituciones de tecnología financiera, entre las que se encuentran las plataformas de financiamiento colectivos o crowdfunding, las instituciones de fondos de pago electrónico (IFPE), las plataformas de préstamos en línea y operaciones con activos virtuales, para operar en el país.
Además, la ley tiene varios objetivos claves, entre estos es importante mencionar:
La Ley Fintech regula específicamente a tres tipos de instituciones de tecnología financiera:
Empresas que ofrecen servicios de transferencia de dinero, pagos electrónicos y billeteras digitales.
Ejemplos: Mercado Pago, PayPal México, Clip.
Estas empresas deben garantizar la seguridad de los fondos de los usuarios y cumplir con estándares de operación establecidos por Banxico.
Plataformas que permiten a los usuarios obtener financiamiento a través de préstamos (lending crowdfunding) o inversiones (equity crowdfunding).
Ejemplos: Yotepresto, Kubo Financiero, PlayBusiness.
Estas plataformas deben asegurar la transparencia en las operaciones y proteger a los inversionistas.
Entidades que operan con criptomonedas como Bitcoin, Ethereum u otros activos digitales.
Ejemplos: Bitso, Binance México.
Estas empresas deben cumplir con reglas específicas para prevenir el uso de criptomonedas en actividades ilícitas.
Además, la ley también aplica a otras empresas que ofrecen servicios financieros innovadores, siempre que estén dentro del ámbito de regulación.
A través de la Ley Fintech también se busca combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en el sistema financiero mexicano, en este sentido, según el artículo 58, las instituciones de tecnología financiera (ITF) deben:
La CNBV es la encargada de supervisar y auditar a las instituciones de tecnología financiera. Las auditorías se enfocan en:
En caso de incumplimiento, las empresas pueden enfrentar sanciones económicas, suspensiones o incluso la revocación de su autorización para operar.
La Ley Fintech ha tenido un impacto significativo en el sector financiero mexicano:
A pesar de sus beneficios, la Ley Fintech enfrenta varios retos:
En conclusión, a través de esta ley que regula la operación de las fintech mexicanas, se establecen medidas de obligatorio cumplimiento para garantizar no solo la seguridad e integridad de las operaciones financieras, sino también para detectar y reportar de forma oportuna posibles actividades ilícitas que ponen en riesgo al sector.
La debida diligencia es un proceso que las instituciones de tecnología financiera (ITF) deben seguir para identificar y verificar a sus clientes. Este proceso es crucial porque:
Identificación de clientes (KYC): Las empresas deben recopilar información como nombre, dirección, fecha de nacimiento y documentos oficiales (IFE o pasaporte) para asegurarse de que los clientes son quienes dicen ser.
Evaluación de riesgos: Las empresas deben clasificar a los clientes según su nivel de riesgo (bajo, medio o alto) en función de factores como el monto de las transacciones, la frecuencia y el tipo de actividad.
Prevención de lavado de dinero: La debida diligencia ayuda a detectar y prevenir actividades ilícitas, como el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo.
Por ejemplo, si un cliente intenta realizar una transacción inusualmente grande o frecuente, la empresa debe investigar y, si es necesario, reportarla a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La Ley Fintech tiene un impacto significativo en las startups y pequeñas empresas fintech, tanto positivo como negativo:
Barreras de entrada: Los requisitos de capital mínimo y los costos de cumplimiento regulatorio pueden ser un desafío para las empresas nuevas o pequeñas. Por ejemplo, el capital mínimo requerido para operar como una Institución de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) es de aproximadamente 700,000 UDIS (alrededor de 5 millones de pesos).
Competitividad: Las empresas que logran cumplir con los requisitos pueden operar con mayor legitimidad y confianza, lo que les permite competir con instituciones financieras tradicionales.
Innovación: La ley fomenta la innovación al proporcionar un marco legal claro, pero también puede limitarla si las empresas dedican demasiados recursos al cumplimiento normativo.
Un ejemplo es el caso de las startups de crowdfunding, que han logrado crecer gracias a la regulación, pero que también enfrentan desafíos para mantenerse al día con los requisitos de la CNBV.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es una dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que juega un papel clave en la prevención del lavado de dinero bajo la Ley Fintech. Sus funciones incluyen:
Recepción de reportes: Las instituciones de tecnología financiera deben reportar a la UIF cualquier operación sospechosa o inusual, como transacciones grandes o frecuentes que no correspondan al perfil del cliente.
Análisis de información: La UIF analiza los reportes recibidos para identificar patrones de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
Colaboración internacional: La UIF trabaja con organismos internacionales, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para combatir el lavado de dinero a nivel global.
Por ejemplo, en 2022, la UIF identificó varias operaciones sospechosas relacionadas con criptomonedas y colaboró con la CNBV para investigar y sancionar a las empresas involucradas.
En conclusión, la Ley Fintech en México representa un avance crucial para regular el sector financiero, fomentar la innovación y promover la inclusión financiera. Sin embargo, uno de sus pilares más importantes es la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo (LAFT). Por eso, es fundamental que las instituciones de tecnología financiera implementen de manera adecuada un sistema de prevención y gestión de riesgos LAFT, que incluya la identificación, medición, control y monitoreo de este tipo de riesgos.
Estos sistemas no solo son un requisito legal, sino también una herramienta esencial para proteger la integridad del sistema financiero, garantizar la confianza de los usuarios y evitar que las plataformas digitales sean utilizadas para actividades ilícitas. Además, una implementación efectiva de estas medidas contribuye a posicionar a México como un referente en regulación fintech a nivel regional y global.
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